Humedales en peligro /

Duras críticas a la ley que habilita
la explotación de islas del Paraná

  • Funcionarios y legisladores santafesinos y ONGs de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, rechazaron de plano la nueva legislación. M’Biguá, PROTEGER y la Fundación Humedales cuestionaron la controversial ley de Entre Ríos que avala cultivar en el Delta e islas del Paraná.
  • Para PROTEGER, la norma es contraria al PIECAS, un acuerdo ambiental preexistente. Hábitat y Desarrollo dijo que “una tierra productiva no es sólo aquella que está sembrada”. Fundación Humedales advirtió que esta ley es “un paso atrás” para el Delta.
  • El secretario ambiental, César Mackler, pidió cumplir con el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS) y solicitó una reunión urgente.
Hace cuatro años se incendiaron más de 200 mil hectáreas del Delta, luego de aprobarse la ley entrerriana de arrendamientos de islas fiscales. La lección no debe ser olvidada. Foto: J. Serpi, abril 2008, archivo Proteger.

Hace cuatro años se incendiaron más de 200 mil hectáreas del Delta, luego de aprobarse la ley entrerriana de arrendamientos de islas fiscales. La lección no debe ser olvidada. Foto: J. Serpi, abril 2008, archivo Proteger.

Paraná, Santa Fe y Buenos Aires, 4 febrero 2012.- La ley sancionada en Entre Ríos en diciembre pasado, que establece un nuevo sistema para explotar tierras públicas en los humedales del Delta e islas del Paraná, sigue despertando voces críticas. Desde la Fundación PROTEGER, se advirtió que la flamante ley de la vecina provincia “va en contra del PIECAS, un acuerdo sobre conservación y uso racional de la zona de islas preexistente, que fuera suscripto entre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires en 2008”. Y que, además, la iniciativa legal compromete a futuro “el valioso capital ambiental que representan los humedales del Delta”.

Pocos días atrás el secretario de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, César Mackler, elevó una nota a su par de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, para manifestar la preocupación santafesina sobre la ley Nº 10.092, sancionada sorpresivamente en diciembre pasado por la Legislatura entrerriana, que modifica los regímenes del uso del suelo en las islas del Delta del Paraná.

La nueva ley 10.092 de Entre Ríos fue sancionada sobre tablas, sin tratamiento previo y con la aprobación del oficialismo y la abstención de la oposición –que desconocía la iniciativa promovida desde la gobernación.

Mackler requirió a Mussi que se garantice el cumplimiento del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), que en 2008 habían firmado Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. En otras palabras, Santa Fe pidió a Nación que exhorte a Entre Ríos a cumplir con los acuerdos ambientales vigentes.

La ley Nº 10.092 considera estas áreas naturales como “improductivas”, e insiste en la “necesidad de transformarlas”. Habla de “desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial de las tierras fiscales”. Establece la creación de una sociedad anónima que seleccionará los explotadores de los humedales de las islas a través de un concurso nacional. No fija pautas de protección ambiental, según pudo saberse.

Ruleta rusa

El director general de la Fundación Proteger, Jorge Cappato, dejó sentada su posición sobre el tema: “a fines de 2008 se firmó un acuerdo interjurisdiccional entre Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires (PIECAS) reconociendo al Delta del Paraná como ecosistema compartido, y estableciendo parámetros para su conservación. Esta nueva ley es totalmente contradictoria con los compromisos asumidos en dicho acuerdo”, dijo a El Litoral.

“Con esta norma estamos comprometiendo una de las cosas más valiosas que es el capital natural. Capital que no se repone, ya muchos de los daños ambientales que viene padeciendo el río Paraná y sus humedales son irreversibles. Están jugando a la ruleta rusa con el capital natural que tienen nuestras provincias”, fue su advertencia.

“Sería muy importante -prosiguió- que no pase al olvido la lección del desastre de los incendios que padeció el Delta en 2008, cuando por una actitud irresponsable de Entre Ríos se desató una ola de quemas intencionales que devastó más 200 mil hectáreas de pastizales y bosques naturales. Esto siguió a la promulgación de la ley de arrendamientos de las islas fiscales, también con consecuencias nefastas para el ambiente y la sociedad. Es un ejemplo muy concreto y reciente de lo que ocurre cuando la legislación se dicta en forma irresponsable: esta nueva ley va en contra del PIECAS”, reiterCappato.

Sustentabilidad

Para Julieta Di Filippo, coordinadora de Fundación Hábitat, “la norma entrerriana habla de tierras improductivas; pero hablamos de humedales, áreas naturales de gran importancia para el medioambiente y la biodiversidad. El argumento de improductividad no sirve: se puede explotar un recurso genuino haciéndolo sustentable. Una tierra productiva no es solamente aquella que está sembrada. Se puede hacer productivas estas tierras por ejemplo con el ecoturismo u otras actividades sustentables”, afirmó en diálogo con El Litoral.

“El concepto de conservación implica la implementación de un sistema de gestión integrado por las variables de lo económicamente viable, y de lo político, social y ambientalmente sustentable. Sobre estas variables hay que encontrar un punto medio”, dijo, y amplió su concepto: “Si se prioriza lo económico a corto plazo, se convertirán en tierras productivas, pero van a decaer en lo social y a degradarse en lo ambiental. Entonces, lo que le falta a esta ley es respetar esas variables, y respetar la idea de ordenamiento territorial”, cuestionó.

Antecedentes y compromisos

A fines de 2008 en la ciudad entrerriana de Victoria las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe –las tres con jurisdicción sobre el Delta del Paraná– pusieron en marcha el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS DP). Se estableció, acta mediante, un acuerdo entre las tres provincias para efectivizar un abordaje interjurisdiccional del área, bajo la coordinación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Sin embargo, sólo pasaron poco más de tres años para que la Legislatura de Entre Ríos apruebe la ley Nº 10.092 (publicada en el Boletín Oficial el 26 de diciembre de 2011) que modifica los regímenes del uso del suelo en las islas de su territorio. De esa manera, el gobierno entrerriano creó una sociedad anónima que regirá los destinos de las islas fiscales de esa provincia pretendiendo “transformar” las tierras “improductivas” del humedal por ejemplo en cultivos de arroz a gran escala.

Precisamente frente a los riesgos que derivan de la nueva ley Mackler solicitó que se garantice el cumplimiento del PIECAS y recordó que “desde 2008 se viene desarrollando un trabajo de integración que en 2011 se vio reflejado en un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, absolutamente innovador, cuyos resultados se volcaron en un informe final que contiene un conjunto de recomendaciones para la conservación y desarrollo sustentable de la región”.

El secretario de Medio Ambiente santafesino solicitó que se convoque a una reunión del PIECAS, para tomar conocimiento del tema en forma directa y, paralelamente, bregar por el cumplimiento y desarrollo del programa de conservación. “Creemos fundamental sostener los avances de un proceso ejemplar, con una mirada federal del territorio, y profundizar un proceso inédito para el abordaje de un ecosistema complejo que supera los límites de las provincias involucradas”, concluyó Mackler.

Cuidar los humedales

Entretanto, el senador santafesino por el departamento Rosario, Miguel Lifschtiz, dijo que “hay cuestiones que van más allá de la explotación de las islas” y solicitó la urgente intervención de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. “No es una garantía pero está claro que habiendo una discusión jurisdiccional tiene que intervenir la Nación”, afirmó el ex intendente de Rosario.

“En Entre Ríos hubo una fuerte oposición a este proyecto, hay muchas organizaciones ecologistas, sumados a políticos, que no están de acuerdo y en Rosario también hay un gran movimiento ciudadano, porque hoy las cuestiones ambientales toman rápida repercusión entre la sociedad y en especial entre los jóvenes”, subrayó.

Cabe recordar que se generó una reacción simultánea entre organizaciones ambientalistas de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. M`Biguá, es una de ellas que salió inmediatamente en Paraná, la capital provincial, a cuestionar la nueva norma legislativa.

Por su parte, la Fundación Humedales, oficina argentina de Wetlands International con sede en Buenos Aires, también se pronunció en contra: “El cultivo de arroz amenaza la integridad de los humedales del Delta del Paraná”. La ONG expresó “su gran preocupación” por la Ley Nº 10.092 de Entre Ríos que deja sin vigencia la Ley Nº 9603, que establecía que las tierras fiscales del delta entrerriano deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas.

“Esta nueva ley, mediante la cual se otorga la titularidad de la concesión a una Sociedad Anónima para el cultivo de arroz en las tierras fiscales del Delta entrerriano, a las cuales llama ‘improductivas’, desconoce los importantes servicios ecosistémicos que proveen los humedales del Delta del Paraná, así como el peligro que significa el uso de agroquímicos en esta región, no sólo para la biodiversidad, sino también para la salud de los pobladores de la región y para actividades productivas tradicionales como la pesca, la ganadería y la apicultura”, dijeron en la nota de prensa.

Esta iniciativa que promueve el cultivo de arroz en las islas del delta Entrerriano, “no sólo significa un riesgo ambiental para los humedales de la región, sino que desconoce las características particulares de la misma, como ser los suelos saturados de agua, la salinidad y los ciclos de sequías e inundaciones, las cuales no la hacen apta para uso agrícola”, agregó la entidad verde.

Por otra parte, “en el caso particular del cultivo de arroz se omite la conectividad existente entre los diversos sectores del Delta, la cual establece flujos biogeoquímicos internos propios del funcionamiento de una planicie de inundación, que hacen que una actividad puntual genere impactos en zonas distantes aguas arriba y aguas abajo del sitio de emplazamiento de dicha actividad”.

“La aprobación de esta nueva ley, junto con la derogación de la ley que prohibía la utilización de agroquímicos y plaguicidas en las islas del Delta entrerriano, significa un paso atrás en cuanto al desarrollo ambientalmente sustentable de la región del Delta del Paraná, desconociendo los esfuerzos para la coordinación de la gestión sustentable de la región en el marco del PIECAS”, sostuvo la ONG.

Fuentes: El Litoral, Santa Fe; La Capital, Rosario; El Diario, Paraná; Prensa/PROTEGER

Nota de redacción: El 7 del corriente el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, ante la reacción suscitada, propuso derogar la ley 10.092 de explotación de islas fiscales del Paraná. El proyecto ingresó por la Cámara de Senadores.

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