Apuntes para un desarrollo económico
respetuoso de las personas y el ambiente

  • Dos de los referentes argentinos en materia de protección ambiental aportan su visión sobre el modelo de desarrollo que necesita el país para crecer en forma sustentable.
  • En tiempos de intenso debate en torno a la actividad minera, el modelo extractivo “debe ser revisado”, reclamó la directora de FARN.
  • Según PROTEGER, “para avanzar hacia la sustentabilidad económica, ecológica y social es imperioso generar un puente de coordinación de esfuerzos entre el Estado y la sociedad. Los desafíos ambientales del siglo XXI exceden largamente la capacidad del Estado”.
Enverdecer propuestas de desarrollo y avanzar hacia la sustentabilidad con  equidad son desafíos ineludibles en el debate actual. Imagen: proyecto de Stefano Boeri.

Enverdecer propuestas de desarrollo y avanzar hacia la sustentabilidad con equidad son desafíos ineludibles en el debate actual. Imagen: proyecto de Stefano Boeri.

Buenos Aires, 18 febrero 2012 (Agencia RENA).- “Es fundamental que los reclamos ambientales de las poblaciones sean escuchados y que el modelo extractivo sea revisado”, dijo María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, a RENA. “Hay que dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente que exige a las autoridades la implementación de herramientas estratégicas, como el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica, con participación ciudadana”.

Esos procesos, apuntó, “deben necesariamente incluir al conjunto de la ciudadanía y de los sectores involucrados para evitar que se produzcan dicotomías entre los incluidos y excluidos, entre los trabajadores y quienes reclaman porque su derecho al ambiente sea respetado y garantizado”.

Para Di Paola, es “fundamental” resaltar que “no existe un solo tipo de minería, sino que hay varias modalidades, por lo que es necesario diferenciarlas a efectos de poder abordar un amplio debate sobre el modelo extractivo vigente. Por ejemplo, no es lo mismo la explotación de canteras, que se realiza en diversos lugares del país, desde hace ya varias décadas, con la vinculada a la mega minería a cielo abierto”.

“La megaminería trae aparejados una serie de impactos ambientales sobre el paisaje, el agua, el suelo y el aire, principalmente por las sustancias utilizadas para la explotación, que se contraponen con los beneficios impositivos que recibe esta actividad como así también a la generación de una fuerte externalización de costos ambientales y sociales”, dijo. “Todos estos aspectos deben ser evaluados al momento de decidir qué desarrollo queremos para el país”, consideró.

Para la titular de FARN, es “indispensable promover un debate sobre las consecuencias tanto de la minería como de la mega minería, y que dicho debate se produzca dentro del marco brindando por la legislación ambiental existente, para que todas las voces sean incluidas y que no primen los intereses de las empresas multinacionales por sobre el de la sociedad y los sectores más vulnerables”.

Asignatura pendiente

“En la Argentina la inclusión de la dimensión ambiental en la planificación, ordenación del territorio y en el diseño de programas de desarrollo industrial, agrícola, urbano y social es una asignatura largamente pendiente”, dijo por su parte Jorge Cappato, director general de la Fundación PROTEGER.

“Nuestro país participó en las grandes cumbres de la ONU en esta materia en los últimos 40 años: Estocolmo ’72, ECO’92 en Río, Johannesburgo 2002, entre otras. También es signatario de los convenios internacionales ambientales, como la Convención Ramsar sobre los Humedales, hasta el Convenio Marco de Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica, el de la Lucha contra la Desertificación y el Protocolo de Montreal, en varios de los cuales ha mantenido un rol muy activo. No obstante, esto está muy lejos aún de traducirse en la generación de políticas proactivas para avanzar hacia un desarrollo sustentable tanto a nivel país como en las provincias”, aseveró Cappato, quien también es miembro del “Global 500 Forum” de Laureados por Naciones Unidas.

“Si nos preguntan ‘si el país está preparado’ más allá de reconocer avances, por ejemplo en materia legislativa –Ley de Bosques Nativos, Ley General del Ambiente, como logros de la pasada década, y de algunos fallos y leyes pioneras como la Ley de Pesca Sustentable en Santa Fe–, la dimensión ambiental está mayormente en el limbo de las buenas intenciones y los discursos de palestra”, advirtió.

“La enorme potencialidad del ambiente como sustento del capital natural, que imperiosamente debe ser usado con inteligencia y a la vez celosamente preservado, no ha llegado al terreno concreto de la voluntad política y a los escenarios nacionales y provinciales donde se toman las decisiones”, manifestó a RENA.

Un puente entre el Estado y la sociedad

Para Cappato, conceptos como “economía ecológica”, “empleos verdes”, “tecnología social y ambientalmente apropiada”, “permanecen en el ámbito de grupos académicos de excelencia o en las propuestas de grupos de ciudadanos que no terminan de penetrar el faro hegemónico de la tecnología predominante –básicamente insustentable, contaminante, generadora de impactos sociales y externalidades económicas negativas que todos los contribuyentes debemos pagar no importa en qué parte del país estemos, o seamos o no conscientes de ello”.

“’Estar preparados’ para avanzar hacia la sustentabilidad y estabilidad económica, ecológica y social exige una administración adecuada de los recursos naturales; necesita de mucha capacitación, entrenamiento, equipamiento, y jerarquización del personal y de la institucionalidad ambiental del Estado en todos sus niveles”, subrayó.

Y fue aún más allá. “Necesita además, en forma urgente, la creación de un puente de coordinación de esfuerzos entre el Estado y la sociedad en su conjunto. Enfrentar los desafíos ambientales del siglo XXI –sobre los cuales no nos vamos a extender ya que esta conciencia existe–, excede largamente la capacidad del Estado. Si bien hay que dejar bien en claro que es precisamente el Estado quien tiene la obligación constitucional de informar, educar, convocar, dialogar, escuchar, capacitar y coordinar esfuerzos, con vista a garantizar un ‘ambiente sano’ y de recomponer el daño ambiental”.

“Las provincias de cada región y eco-región necesitan fortalecer sus propios enfoques particulares –intercambios de experiencias y lecciones aprendidas, foros de discusión, y por qué no de decisión”.

“La coordinación interministerial e interjurisdiccional -vaya tarea-, resulta también imprescindible: es doloroso ver cómo políticas que se adoptan en áreas de economía o de infraestructura y obras públicas se dan de patadas con políticas que impulsan otras áreas en materia ambiental, social e incluso económicas desde que la economía, el desarrollo social y la protección ambiental son indisociables”, lamentó.

Frente a la pregunta ‘¿es posible el desarrollo con una perspectiva distinta?’, la respuesta es contundente: “sólo si sabemos ver y aprovechar los innumerables ejemplos que existen a lo largo y ancho del mundo: desde la cantidad de empleos y alimentos que genera la agricultura familiar, y la riqueza producida por pequeñas y medianas industrias con emprendimientos respetuosos del ambiente. La producción de abono y biogás a partir de residuos, la creciente incorporación de energías y tecnologías limpias, la construcción de viviendas con el concepto de arquitectura sustentable y materiales de bajo impacto climático autoproducidos, son sólo ejemplos”.

“El desarrollo de ‘tecnología ambientalmente amigable’ y de ‘empleos verdes’, es decir de una ‘economía sustentable, próspera y con equidad’ constituye una lista inagotable de opciones cuyos únicos límites están dados por la capacidad de crear y adaptar, intrínseca a la condición humana y por una voluntad política guiada por la responsabilidad y el amor a la vida”, finalizó.

Fuente: Juan Ignacio Manchiola, Agencia de Noticias RENA -Reporter Emergency News Agency, febrero 2012.

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