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CUESTIONAN ESTUDIOS DEL SÁBALO
A INICIARSE EN EL LITORAL FLUVIAL
· Proteger reclamó ante el secretario ambiental Marcelo Terenzio.
· La crisis pesquera en el Paraná exige cumplir al máximo con la Ley 12.212
· Urgen estudios del sábalo pero con un enfoque ecológico e integral.
Santa Fe, 17 marzo 2005.- En una nota dirigida hoy al titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADES), Marcelo Terenzio, la Fundación PROTEGER reclamó que “los estudios sobre el sábalo y la pesquería fluvial se hagan con un enfoque ecológico, social y económico integral y no meramente ´pesquero´ economicista. En este sentido los objetivos y exigencias de la Ley 12.212, son muy claros y deben ser cumplidos”.
El pedido de la reconocida entidad ambientalista tuvo lugar luego de trascender que mañana se firmaría en la SMADES, un convenio entre la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, a cargo de Gerardo Nieto, el Instituto Nacional de Limnología (INALI), con sede en Santo Tomé y el Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero (INIDEP) de Mar del Plata. El estudio abarcará desde Reconquista (Santa Fe) hasta Diamante (Entre Ríos), en campañas sucesivas durante un año, con fondos públicos.
“Es imprescindible iniciar estudios amplios y detallados del sábalo. Pero deben hacerse desde un enfoque ecológico y social y no desde un abordaje sesgado como el de los intereses meramente pesqueros. Resulta preocupante que la SMADES, encargada de velar por la conservación del recurso íctico, firme un convenio para un estudio metodológicamente restringido con un instituto de desarrollo pesquero, lo que supone un enfoque diferente al necesario en el litoral fluvial cuyo destino es un uso sustentable y diversificado”, dice la nota de la fundación.
Como se sabe, la Ley 12.212 dispone textualmente “promover la reconversión de la actual pesca comercial hacia prácticas de explotación que incrementen el valor económico de los recursos pesqueros” y “garantizar que las decisiones que se tomen en la materia se realicen sobre bases de estudios científicos y técnicos de la fauna de peces, la biología y ecología de las pesquerías”.
“Debe evitarse una perspectiva puramente economicista y extractivista, incorporando desde el inicio variables ambientales, sociales y de alternativas económicas de uso racional a la evaluación del recurso. Es imprescindible un enfoque basado en el manejo ecológico e integral del ecosistema, incluyendo considerar las relaciones del sábalo con las otras especies. El riesgo de los estudios de una especie aislada es que pueden llevar a conclusiones parcializadas”, advirtió Julieta Peteán, responsable del programa de pesca de PROTEGER.
“El INIDEP es un prestigioso instituto dedicado prioritariamente a desarrollar la pesca marítima, pero ésta tiene diferencias con la del río Paraná, como por ejemplo una menor importancia turística. El objetivo esencial de la Ley 12.212 es la conservación y el valor agregado, como la pesca deportiva, que potencialmente representa un valor más alto que la pesca comercial. Si se considera al sábalo sólo desde el punto de vista comercial pesquero podría allanarse el camino para posteriormente permitir que un cierto porcentaje pueda ser capturado por debajo de los 42 cm. Este no es el criterio de la Ley 12.212 y condicionaría severamente todas las posibilidades de recuperación del recurso, ya que el sábalo es la base de la cadena trófica de los peces de valor alimentario, deportivo y comercial”, añadió Peteán.
“El desafío hoy para preservar al sábalo, que es el cimiento de la pesquería del Paraná, es cumplir con la ley controlando la talla reproductiva de 42 cm y las correspondientes mallas de 16 cm y no ceder a las presiones de los grandes exportadores de sábalo. El Estado debe ocuparse de quienes sobreviven gracias a la pesca de subsistencia ya que, debido a la crisis pesquera, pasan por el peor momento. Muchas familias se encuentran en una situación dramática debido a una caída del recurso sin precedentes. Se están generando miles de nuevos desocupados y pobres más pobres todavía. Los funcionarios tienen el deber y la responsabilidad frente a esto, incluyendo convocar a quienes tienen probada experiencia en el estudio adecuado de las pesquerías del Paraná”, remarcó por su parte Jorge Cappato, coordinador nacional de Proteger.
“Ya que el estudio se financiará con fondos públicos, es decir de nosotros los contribuyentes, sería muy saludable que se conocieran los antecedentes de por lo menos los últimos cinco años de los profesionales que participarán del mencionado estudio, los recursos disponibles y los planes de trabajo, garantizando el libre acceso de la información producida. La Ley 12.212 establece transparentar el manejo de la pesca y asegurar la participación pública, sin embargo y a pesar de integrar el Consejo Pesquero nos enteramos por los diarios”, dijo Cappato.
“Es necesario contar con estudios confiables, con un enfoque apropiado, para un tema altamente sensible. En este momento hay un clamor en las poblaciones ribereñas, prioritariamente de los pescadores que vuelven con las canoas vacías, de los pequeños y medianos comerciantes de pescado hoy prácticamente quebrados, y de quienes apostaron a la pesca deportiva y al turismo, actividades claves para el presente y futuro de la economía regional”, enfatizó finalmente.
URGENTE: CARTA ABIERTA DEL DR. BAIGUN. 
