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Ganaderos levantan terraplenes
ilegales en islas del Paraná

  • Los ganaderos del Delta frente a Rosario modifican por las suyas la geografía para optimizar la cría de vacas en el humedal.
  • El gobierno entrerriano admite la situación, pero no controla y sigue entregando tierras.
  • Vacas y terraplenes; además, quemas sistemáticas y a gran escala.
Infografía. Google Earth

Infografía. Google Earth

Rosario, 13 julio 2008.- A sólo diez kilómetros de Rosario, en las islas entrerrianas, un terraplén de dos metros de alto, cinco de ancho y varios kilómetros de largo corta uno de los brazos del Paranacito, uno de los riachos internos. La obra forma parte de una serie de caminos de tierra que cortan cursos de agua y secan lagunas, como base de la estrategia de un empresario ganadero para convertir el humedal en un terreno apto para multiplicar las cabezas de su hacienda.

Las obras no están habilitadas por el gobierno de Entre Ríos y violan la ley provincial nº 9172 de uso del agua, algo que al ente con poder de policía en el tema le consta, pero no actúa “por los tiempos que lleva un trámite en la administración pública”, según admitieron a Crítica de Santa Fe.

“Esto es muy grave porque demuestra la falta de control que hay en la zona, algo que nosotros sostenemos cuando decimos que la quema de pastizales es sólo una consecuencia de un problema más serio”, aseguró el secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler, al ser consultado por el caso.

La habilitación del puente Rosario-Victoria multiplicó de forma exponencial las cabezas de ganado en las islas. La soja –sí, el famoso “yuyo”– aquí también metió la cola: muchos campos ganaderos de la pampa húmeda mutaron hacia el cultivo de la oleaginosa y la hacienda viajó hacia las islas.

El gobierno de Entre Ríos, en lugar de atenuar el impacto ecológico de esa situación, arrendó desde 2005 más de 110 mil hectáreas de tierras fiscales en esas islas para que 153 nuevos productores las exploten. Eso implicó que se multipliquen los caminos clandestinos (algunos representan barreras ecológicas), se construyan terraplenes para desviar ríos (que, además, secan lagunas naturales) y más quema de pastizales. ¿El fin de los humedales?

El peligro. La Boca de la Milonga, un par de kilómetros al norte del puente, aparece como la entrada que ofrece el río Paraná para ingresar a las islas a través del Paranacito. Por ese cauce, río abajo y al sur de la traza vial, aparece en la margen izquierda el primer brazo taponado por los montículos de tierra que una máquina retroexcavadora remueve. El ruido del motor contrasta con un martín pescador y una garza mora que vigilan el armatoste a prudente distancia. El paisaje allí no es lo agreste que debería ser: aparece una avenida de tierra seca, zanjas con desagües y hasta caños oxidados que se conectan con una draga.

La evidencia de que la ausencia de controles es un peligro para la preservación del humedal, uno de los más importantes del mundo, queda a sólo 45 minutos en lancha desde Rosario, a tres kilómetros de la ruta a Victoria y a sólo un click de la computadora de algún funcionario que le eche una miradita al famoso programa de imágenes satelitales Google Earth.

“Es cierto, existen muchos terraplenes que se realizan de forma ilegal”, reconoció Pamela María, titular del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (Corufa). El ente, que depende de la Secretaría de Producción, ejerce el poder de policía sobre la zona pero cuenta con “tres o cuatro inspectores”, según apuntó la funcionaria. Crítica de Santa Fe quiso saber la cantidad de inspecciones que el Corufa realizó en lo que va del año, pero no obtuvo respuesta.

Lógica ganadera. Para Rubén Quintana, técnico del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales de la UBA, “cambiar las condiciones de funcionamiento de un humedal influye en el mantenimiento del mismo; una intervención sobre este ecosistema para convertirlo en un ambiente terrestre puede afectar la reproducción de peces y aves”. La clave del problema pasa por entender que esa zona verde no puede ser considerada de la misma forma que el continente, por sus particularidades ecológicas.

El propietario del campo en cuestión, Enzo Mariani, defiende sus acciones: “El Paranacito, que se utiliza para la navegación, está totalmente abierto. Lo que cerramos porque necesitamos el camino para pasar es una boca que se abre del Paranacito a la izquierda, que se conoce como el Zanjón de la Cruz, que no es navegable, salvo cuando hay creciente. Lo otro que cerramos es el comienzo de una zanja, el bañado de Sacacalzones, antes de otro zanjón, que se llamaba Pantanoso. No teníamos vinculación con una parte de nuestra propiedad y tapamos esa zanja para poder acceder del otro lado, nada más”.

Entre Ríos debería exigir habilitaciones y estudios de impacto ambiental ante cada obra en la zona de humedales. Así lo establece la ley de uso de aguas nº 9172. “Si eso no se cumple, hay una infracción y debe sancionarse”, aseguró Diego Rodríguez, abogado del grupo ecologista Mbiguá. El artículo 45 de esa norma es claro: “Los titulares de propiedades lindantes con cursos de aguas no navegables, podrán construir por su cuenta cruces o puentes, siempre que no entorpezcan o reduzcan el paso de las aguas”.

La tierra de Pou. El 18 de octubre de 2002, la propietaria de un campo en el Delta entrerriano denunció a su vecino, el ex presidente del Banco Central Pedro Pou. El ex funcionario menemista, dueño de la Estancia La Calera, mandó a cortar cuatro arroyos con tabiques de tierra de unos 60 kilómetros de extensión. El Corufa ordenó abrir esa mega barrera pero Pou (a contramano de aquel eslogan de su ex jefe, Carlos Sául) no lo hizo. Ni en ese año ni en los siguientes, a pesar de las reiteradas denuncias. El pedido llegó a la Cámara de Diputado de la Nación en 2006, pero los terraplenes de Pou siguen en pie hasta hoy.

Detrás de la ausencia de controles en las islas, eje de las quejas cuando el humo de la quema de pastizales llega la ciudad, se esconde el avance de los particulares sobre los humedales. El mes pasado, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la Nación conformaron por primera vez una mesa que estudiará la posibilidad de crear una reserva o área protegida. Sólo la cesión de tierras de la provincia vecina a un futuro ente (cualquiera sea su forma legal definitiva) llevará al menos un año, si es que el gobierno de Sergio Uribarri accede. Mientras tanto, los cursos de agua, esencia de los humedales, y la subsistencia de parte de las 700 especies vegetales del Delta y de 500 especies de vertebrados, quedarán a merced de los ganaderos de la isla. La indomable anomia que campeó en el lejano oeste de los cowboys, aquí queda en el este, cruzando el río Paraná.

En el Salado, un desvío hizo otro río

En el norte de Santa Fe, el río Salado también fue interrumpido, a la altura de la ruta 13. Por eso, el cauce da una vuelta sube al estero Monzón y vuelve a bajar a la cuenca original. La comuna de La Gallareta denuncia la situación porque sus habitantes padecen ese desvío que agrava aún más la dramática situación de sequía en la zona. La Justicia pidió en mayo pasado al Estado que encuentre al responsable y revierta la situación. Dos meses después la situación no cambió. El gobierno santafesino explicó que el corte fue realizado hace dos décadas y que el río ya en 1992 tenía otro cauce. Por lo tanto, esa modificación ilegal es irreversible.

Fuente: Diario Critica, 13 julio 2008.

http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=7356

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