Reclamo a Diputados /

Más de 40 organizaciones piden
por la Ley de Basura Electrónica

•El reclamo a los diputados nacionales advierte que “de no aprobarse durante lo que resta del año, el proyecto de ley perderá estado parlamentario, dilapidando el trabajo realizado por legisladores, ONGs, cámaras y empresas de recicladores y organismos del Estado entre otros”.
•Los residuos eléctricos y electrónicos están entre los residuos domiciliarios que  más sustancias tóxicas contienen. Elementos altamente peligrosos para la salud que pueden filtrarse a las napas de agua, p.ej. el litio de las baterías, el plomo de soldaduras y baterías, el mercurio de lámparas y monitores o el cadmio presente en tintas de impresora y baterías recargables.
•Las organizaciones sociales manifestaron su profunda preocupación “por la crisis creciente de los residuos sólidos urbanos en general, especialmente de los residuos electrónicos”.

La pérdida del estado parlamentario del proyecto de ley representaría perder una oportunidad única para la salud pública. El reclamo se multiplica en la redes sociales.

La pérdida del estado parlamentario del proyecto representaría perder una oportunidad única para la salud pública. El reclamo se multiplica en la redes sociales.

Buenos Aires, 3 octubre 2012(Prensa PROTEGER).- Greenpeace, FARN, Taller Ecologista, BIOS, Los Verdes y PROTEGER junto a más de cuarenta organizaciones sociales de todo el país se dirigieron a los Diputados de la Nación mediante una carta, para solicitar el urgente tratamiento y sanción del “Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos” que lleva más de 4 años en el Congreso y que cuenta con media sanción del Senado.

En la misiva, las 46 organizaciones ambientalistas resaltan que “de no aprobarse durante lo que resta del año, el proyecto de ley perderá estado parlamentario, dilapidando el trabajo realizado por legisladores, ONG, organismos del Estado, cámaras y empresas de recicladores, etc”.

Los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos contienen sustancias tóxicas como mercurio, plomo, cadmio y también materiales valiosos que pueden ser reciclados, como cobre, oro, plata, etc. Por ejemplo, un celular puede reciclarse en más de un 90%. Cada vez que un residuo electrónico es arrojado a la basura no sólo se contamina el suelo, el agua y el aire, afectando la salud de la población, sino que además se desperdician cientos de materiales que pueden reinsertarse al sistema productivo.

Las entidades de la sociedad civil se manifestaron profundamente preocupadas por la crisis creciente de los residuos sólidos urbanos en general, y de los residuos electrónicos en particular, por lo que instaron a los legisladores nacionales a que, de forma urgente, arbitren las medidas necesarias para que el proyecto sea tratado.

Los más tóxicos

Los residuos eléctricos y electrónicos están entre los residuos domiciliarios que más sustancias tóxicas contienen. El proyecto de ley recibió media sanción de la Cámara Alta a mediados de 2011, pero sigue sin ser aprobado en la Cámara de Diputados y de no tratarse antes que finalice el año 2012 perdería estado parlamentario, lo que significaría un grave retroceso.

Entre los principales puntos del proyecto de ley se destacan:

-Establece el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

-Prevé un fondo con los aportes de los productores, destinado a la gestión de los residuos de sus propios productos una vez que los consumidores los desechan.

-Crea un ente público no estatal mixto en el que actores de organismos del Estado y los productores responsabilizados de gestionar sus residuos establecerán las pautas del sistema nacional de gestión de los RAEE.

-Establece la prohibición y sustitución de sustancias tóxicas alineando la legislación nacional con la directiva europea sobre Restricciones sobre Sustancias Peligrosas (Directiva RoHS).

Los residuos eléctricos y electrónicos son la fracción de residuos domiciliarios que más sustancias tóxicas aportan a los rellenos o basurales donde son enterrados, constituyendo una grave amenaza para la salud pública. En Argentina, se estima que cada habitante genera al menos 3 kilogramos de basura electrónica por año. En este contexto, a fines de este año se habrán descartado más de 1 millón de computadoras, 10 millones de teléfonos celulares y más de 400 millones de pilas. En el país no existe prácticamente ninguna infraestructura ni sistema formal para hacer frente a la basura electrónica ni para gestionar este tipo de residuos.

Reclamo urgente

Las ONGs de todo el país instaron a los diputados nacionales a que aprueben sin dilaciones el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ya que significaría un avance en busca de un tratamiento adecuado de los residuos y la protección del ambiente.

Para María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de FARN, “resulta fundamental que nuestro país cuente con una Ley de Residuos Electrónicos porque es una herramienta fundamental que no puede estar ausente si deseamos aspirar a una política integral de los residuos. Por ello necesitamos el compromiso de nuestros representantes para que el proyecto sea aprobado por el Congreso”.

Los residuos electrónicos y eléctricos contienen materiales altamente peligrosos que pueden filtrarse a las napas de agua por lixiviación, lo que pone en riesgo el ambiente y la salud humana, por las sustancias tóxicas que contienen, p.ej.: el litio de las baterías, el plomo (de soldaduras, pantallas CRT y baterías), el mercurio (en lámparas fluorescentes y monitores LCD), el bromo (carcasas y aislamientos plásticos) o el cadmio (toners y tintas de impresora, monitores CRT y baterías recargables), entre otros.

Hoy el 40% de los residuos eléctricos y electrónicos terminan en rellenos o basurales, el 50% sigue siendo almacenado en depósitos o en hogares y sólo el 10% llega a ser recuperado o reciclado. En nuestro país se recicla menos del 2% del total de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) colocados en el mercado y entre el 4% al 6% de los RAEE proveniente del sector tecnología. Los niveles de reciclado y recuperación de aparatos o materiales son mínimos si tenemos en cuenta las más de 120.000 toneladas anuales de residuos electrónicos que se generan en el país.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advirtió en 2010 que alrededor de 40-50 millones de toneladas de RAEE son generadas todos los años a nivel mundial y previó “serias consecuencias” en esta década por las montañas de desechos “peligrosos” y “tóxicos” que se acumulan sin ningún control en las economías en vías de desarrollo.

En Argentina no existe infraestructura ni un sistema formal para hacer frente a la basura electrónica y para gestionar este tipo de residuos. Cuanto más se retrase una solución al problema, mayor será la cantidad de residuos electrónicos acumulados a ser tratados, mayores los desvíos a rellenos sanitarios y mayores los costos de reparación ambiental e impactos sobre la salud pública.

Debido a la falta de legislación a nivel nacional y a la zona gris que ocupan los RAEE en la gestión de residuos, durante muchos años los municipios han intentado dar soluciones parciales y locales de gestión y tratamiento. Más allá de la buena voluntad, las soluciones brindadas a través de muy diversos y variados programas no han sido exitosas ya que no se ha logrado una correcta gestión ambiental de los residuos recolectados y se ha subsidiado el derroche de recursos al no incentivar a los productores a reciclar/ recuperar materiales o producir mejoras ambientales en sus propios productos.

Responsabilidad de productor

El proyecto de ley con media sanción establece por primera vez en Argentina el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Se trata de un principio político para promover mejoras ambientales para ciclos de vida completos de los sistemas de los productos al extender las responsabilidades de los fabricantes del producto a varias fases del ciclo total de su vida útil, y especialmente a su recuperación, reciclaje y disposición final.

Esta definición refleja tres piedras angulares de la REP, principalmente los principios: “enfoque de prevención de la contaminación”, “pensamiento sobre el ciclo de vida” y “el que contamina paga”. Además, es un concepto con un enfoque sobre política ambiental en el que la responsabilidad del productor [económica y/o física] sobre un producto se extiende al estadio posterior del ciclo de vida de un producto” en sentido de que las responsabilidades extendidas de un productor no se limitan a la fase final del ciclo de vida, sino también a otros estadios del ciclo de vida del producto donde las responsabilidades convencionales resultan insuficientes para garantizar la óptima protección del medio ambiente. A partir de este principio el proyecto crea un fondo con los aportes de los productores, destinado a la gestión de los residuos de sus propios productos una vez que los consumidores los desechan.

El proyecto de ley crea asimismo un ente público no estatal mixto en el que actores de organismos del Estado y productores responsabilizados de gestionar sus residuos establecerán las pautas del sistema nacional de gestión de los RAEE. El proyecto también establece la prohibición y sustitución de sustancias tóxicas alineando la legislación nacional con la directiva europea sobre Restricciones sobre Sustancias Peligrosas.

Firman el reclamo a Diputados de la Nación las siguientes organizaciones: Greenpeace; Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN; Taller Ecologista de Rosario (Santa Fe); Fundación PROTEGER (Santa Fe); Salud sin Daño; Alihuén (La Pampa); Eco Sitio (Córdoba); Vecinos Autoconvocados sin Partidismo Político contra la CEAMSE de González Catán; Asociación Ecológica de Lanús, AEL-; Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de Argentina, CETAAR (Buenos Aires); Cipoleños Unidos por el Ambiente (Río Negro); Centro Ecologista Renacer (Santa Fe); Los Verdes. Foro de Ecología Política; Fundación Ciudad; Fundación Ecosur; Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Chaco); El Cascote. Asociación Civil Ecologista; Conservación Patagónica; BIOS (Mar del Plata); Grupo Ambiental para el Desarrollo, GADE (Santiago del Estero); Fundación Ecologista Verde; Red Provincial de ONGs de San Juan (San Juan); Asociación Civil de Estudios Políticos y Socioambientales, COEPSA (Buenos Aires); Foro Ambientalista de Santiago del Estero; Calafate Natural (Santa Cruz); Fundación Ecológica Ave Fénix (Tucumán); Fundación Biodiversidad Argentina; Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos (Santa Cruz); Movimiento por la Salud Pública y demás Derechos del Pueblo, MOSAPU (Chaco); Centro de Investigación del Bosque Atlántico, CEIBA (Misiones); Asociación Agenda 21 NEA; Taller de Comunicación Ambiental (Santa Fe); Inti Chutec (San Juan); Amartya; Comisión Permanente de Protección de nuestro Medio Ambiente. Zárate (Buenos Aires); Sociedad de Fomento Villa Higuerita. Lanús (Buenos Aires); Trama Tierra; Ecos de la Sociedad; Centro de Atención Primaria Ambiental, CAPA (Marco Juárez, Córdoba); Red Yaguareté; Lucas Seghezzo, CONICET, Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional, INENCO, (Salta); Asociación Civil Ecosistemas Argentinos (Córdoba); Banco de Bosques; Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos, FOCO; Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza (ACEN) y Fundación Ambiente Total (Chaco).

Fuentes: Prensa Greenpeace. Prensa FARN. Prensa/PROTEGER.

 

Publicado en: Noticias

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